Al momento de hacer referencia a la tutela efectiva de derechos y concretamente al encuadrar ésta en el derecho procesal administrativo, pareciera reiterarse a lo largo del tiempo un debate respecto a la posibilidad de exigir a la Administración el cumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial, ello no solo desde la perspectiva del principio de separación de poderes, sino igualmente en atención a los fines que persigue el Ejecutivo en pro del Interés general y que han servido de base para la creación de privilegios procesales y en definitiva, para que este se escude y exima del cumplimiento de lo decidido, al menos de forma expedita y en los términos del fallo. Así, el objetivo esencial de este estudio será determinar cuáles son los límites de la función jurisdiccional frente a la Administración, además de examinar hasta qué punto el derecho procesal administrativo resulta un conjunto de mecanismos judiciales efectivos para el ciudadano. Resulta oportuno analizar hasta qué punto la analizar hasta qué punto la autonomía de una de las ramas esenciales del Poder Público, esto es el Poder Judicial, puede ver disminuida su actuación y fin, ante la Administración Pública. Del mismo modo, la justificación al régimen de prerrogativas procesales del Estado, debe ser analizada desde un punto de vista restrictivo, con el objeto de lograr, por una parte, la satisfacción de los servicios esenciales, y, por otra, procurar igualmente la satisfacción del servicio de justicia, que para muchos debe ser entendida como servicio público.